LA NACION | ECONOMÍA

El Gobierno decidió no perder ni un minuto y mientras anteayer el presidente Alberto Fernández les tomaba juramento a sus ministros, entre ellos el de Salud, Ginés González García, este funcionario y algunos de sus colaboradores llamaban a los laboratorios nacionales y extranjeros para hacerles un pedido ambicioso: retrotraer los precios de los medicamentos al 1° de octubre y congelarlos durante seis meses contados desde esa fecha, es decir, hasta el 31 de marzo próximo.

La propuesta oficial cayó como un balde de agua fría entre los popes de la industria farmacéutica, que si bien esperaban medidas en este sentido no las imaginaban tan «agresivas», tal como las definieron en un laboratorio nacional ante la consulta de LA NACION.

La elección del 1° de octubre como fecha de partida para los precios no es casual. Luego de la fuerte devaluación posterior a las PASO del 11 de agosto el incremento de los precios de los medicamentos se aceleró, proceso que se extendió durante septiembre, octubre y noviembre, alimentado además de por la inflación y la suba del dólar, por las versiones de que el gobierno kirchnerista decidiría un congelamiento. Al igual que con el precio de los alimentos, las empresas buscaron hacerse de un «colchón» que ahora se busca retrotraer.

Según una fuente de la industria, entre septiembre pasado y septiembre de 2018 los precios habían aumentado en promedio 84% mientras que antes de las PASO ese incremento venía a un ritmo de 60% interanual en promedio.

Si bien las negociaciones siguen abiertas, en principio los laboratorios aceptan el congelamiento, pero resisten la retracción de los precios. En un laboratorio líder dijeron que ésta «implicaría devolver plata» a la cadena comercial (droguerías y farmacias) porque esos remedios ya fueron comprados y pagados, aunque en el caso de las farmacias una parte de los precios aún debe ser reintegrado por el PAMI y las obras sociales, que ahora tendrían como referencia montos más bajos. Una situación engorrosa de readaptación de las cuentas, que habría que salvar con notas de crédito y otros mecanismos contables. En el caso de los laboratorios extranjeros se agrega una complejidad adicional: la mayoría de ellos ya reportó sus resultados de octubre y noviembre al exterior, donde están localizadas sus casas matrices y los accionistas. Si bien es cierto que con los nacionales la situación es similar, en el sector admiten que es más manejable porque los dueños están en el país.

Por eso, como contrapropuesta, la industria ofrece bajar los precios 8% desde su nivel actual, pero sin retrotraer precios. Es más, ayer por la mañana, un laboratorio nacional de buena sintonía con el gobierno hizo punta y mandó una lista con un recorte de esa magnitud, aunque la retiró un par de horas más tarde a la espera de un consenso mayor en todo el sector, comentaron fuentes familiarizadas con la industria.

«Ahora se abre una intensa negociación», dijeron en un laboratorio. «La industria está para ayudar, pero se ve que las necesidades son muy grandes», agregaron, sorprendidos.

Anoche no se descartaba que, a cambio del congelamiento, las empresas busquen negociar una reducción de la brecha entre los «precios PAMI» de los medicamentos (los que cobran a la obra social de los jubilados y pensionados) y los del resto del mercado. Históricamente los primeros eran entre un 21 y un 22% más baratos y en los últimos tiempos esa diferencia llega al 30%. Por esa razón, hasta hoy la industria buscó compensar la pérdida de rentabilidad en el PAMI con mayores subas en el resto del mercado. La Nación intentó contactar a las nuevas autoridades del ministerio de Salud, pero no obtuvo respuesta.

Por: José Luis Brea