Clarin – 04/03/2020

Por Adolfo Rubinstein

Casi 10% de nuestro PBI se gasta en salud, uno de los más altos en la región, con resultados mediocres para ese gasto. La aceleración de la innovación tecnológica y el aumento incesante de los medicamentos, harán inviable el sistema de salud en pocos años.

En nuestro país , los remedios representan 25 % del gasto en salud, y los llamados medicamentos especiales, que son los de muy alto precio, como las moléculas biológicas para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas o las terapias génicas para enfermedades raras, hoy ya se llevan más de 20% de este costo, que sigue escalando a un ritmo exponencial.

Por el lado de los remedios ambulatorios, podemos decir que son caros por la falta de un marco que regule el precio, el margen de ganancia y la cadena de distribución y comercialización. En efecto, en Argentina sólo se conoce el precio de venta al público (PVP) del medicamento, pero no el precio de salida del laboratorio o los diferentes precios a lo largo de la cadena de valor que incluye la droguería, la distribuidora, la mandataria y la farmacia o el hospital.

Esta falta de un marco regulatorio adecuado se refleja en que el PVP se fija arbitrariamente a un valor muy alto. Por ejemplo, los usuarios de Obras Sociales y prepagas deben hacerse cargo de un porcentaje del precio de los medicamentos (en muchos casos de hasta un 60%), pero este porcentaje se calcula sobre el PVP, no así el precio que efectivamente paga el financiador, que recibe descuentos del laboratorio, por lo que quien termina sufriendo ese precio espuriamente alto, es el paciente.

Es hora de cambiar los acuerdos voluntarios de precios con la industria farmacéutica, opacos en cuanto a los compromisos que se asumen y efímeros en duración, por regulaciones serias donde los medicamentos, como bien social esencial, se sometan a reglas de juego claras.

En la mayoría de los países de OCDE existen mecanismos para regular el precio al que el medicamento entra al mercado una vez que obtiene su aprobación. Uno de los más utilizados es el “precio de referencia externo” (PRE), que compara precios de medicamentos en países seleccionados para definir su precio en cada país. En muchos casos, el PRE se utiliza como precio máximo. En Brasil, las compañías farmacéuticas no tienen libertad para fijar el precio de los medicamentos, sino que tienen que ajustarse a precios de referencia. Brasil fue el primer país en implementarlos en Sudamérica y si comparamos ambos países, Argentina muestra un sobreprecio en medicamentos innovadores de entre 1/3 y más del doble.

Sin embargo, el PVP no es necesariamente el precio al que será comprado o reembolsado para su cobertura por el sistema de salud. Para decidir este precio, estos países evalúan el valor de la droga por el costo adicional, teniendo en cuenta criterios como su efectividad clínica en el “mundo real”, su costo-efectividad y su impacto presupuestario.

Por eso, aún si Argentina avanzara en una regulación de precios máximos, esto no necesariamente implicará que el PRE o PRI sean el precio final que se pagará ni que ese medicamento será necesariamente cubierto.

Por eso, es clave considerar cómo se va a regular la cobertura de los medicamentos por parte de los financiadores públicos y privados luego de su entrada al mercado.

Aquí es donde entra a jugar la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, una de las asignaturas pendientes en nuestro país y que sigue durmiendo el “sueño de los justos” en el Senado. La evaluación de tecnologías sanitarias responde a esta demanda ya que si las decisiones de cobertura no se realizan sobre criterios objetivos, explícitos y transparentes, sustentados en la evidencia científica, pero también reflejando los valores y las preferencias sociales, se corre el riesgo de producir una asignación ineficiente de recursos cubriendo medicamentos o tecnologías sin beneficio o incluso perjudiciales, o impidiendo o demorando el acceso de los pacientes a tratamientos efectivos.

Finalmente, queda el aspecto de la cobertura para aquellos medicamentos o tecnologías que por su elevado precio tornan ineficiente, inequitativo y riesgoso su pago por cuenta de cada financiador en particular, se trate del Estado Nacional, las jurisdicciones, las obras sociales o las prepagas. En este sentido, cabe rescatar la estrategia implementada por el Ministerio de Salud en 2018 y 2019 de “compra conjunta o consolidada” en donde el Estado Nacional, PAMI, algunas jurisdicciones y obras sociales nacionales y provinciales, agregaran demanda para la compra de medicamentos de alto costo comunes a todas las coberturas.

Esta estrategia fue una manera eficiente de mitigar la segmentación y fragmentación de nuestro sistema de salud y mejorar el poder de negociación con la industria farmacéutica para reducir precios. Sus resultados fueron contundentes en cuanto a los ahorros para el sistema de salud. En algunos casos, como con los medicamentos para hemofilia, se logró la reducción de hasta 82% del precio.

Lo mismo ocurrió en la última compra conjunta a mediados de 2019 de 25 drogas de primera línea para el tratamiento del cáncer, donde se consiguieron ahorros del orden de los $1.300 millones, expandiendo a la vez la cobertura en más de 70.000 tratamientos para 7.000 pacientes nuevos con cáncer sin Obra Social. Este esquema puede servir de ejemplo para la creación de un Fondo de Cobertura de Medicamentos y otras tecnologías de alto precio que debiera construirse con aportes provenientes de todos los financiadores públicos y privados del sistema de salud, reemplazando otros fondos actualmente existentes y siguiendo el ejemplo de países vecinos.

De esta manera podremos alcanzar un equilibrio entre la innovación terapéutica y el mejoramiento de la salud y la calidad de vida, por un lado, y la equidad y sostenibilidad del sistema de salud, por el otro. En definitiva, es hacer lo que ya están haciendo los países más avanzados que queremos imitar.

Adolfo Rubinstein es ex secretario de Salud de la Nación.